La reforma pensional ha venido surtiendo su trámite en el Congreso de la República. En ese marco, se han discutido cambios con respecto al texto original, de los cuales los que más resuenan son aquellos que impactan el régimen de transición, así como la edad requerida para poder ser beneficiario de los pilares solidario y semicontributivo. El objetivo principal que han tenido esos ajustes, los cuales abordaremos con profundidad a continuación, es beneficiar a las mujeres en el panorama pensional. Aunque es un objetivo loable y que compartimos, las medidas que se han propuesto representan un mayor costo para las finanzas públicas y no resuelven los verdaderos problemas de fondo.
En ese sentido, en este Comentario Económico del Día, analizamos los impactos que tendrán los cambios realizados sobre el costo fiscal de la reforma. Además, teniendo en cuenta el reciente comunicado de la Corte sobre la sentencia C-197 de 2023, calculamos los impactos que tendrá el requisito de que las mujeres puedan pensionarse con mínimo 1000 semanas. De hecho, a partir de un escenario en el que se apruebe la reforma con los cambios resultantes del primer debate y entre a regir el fallo de las 1000 semanas por parte de la Corte, el pasivo pensional ascendería a 218% del PIB en Valor Presente Neto (VPN) a 2100. En ANIF reconocemos y hacemos explícito que existen grandes inequidades asociadas con el acceso de las mujeres a una pensión de vejez en comparación a los hombres. Sin embargo, resaltamos que hay que tener cuidado al tratar esta problemática para no implementar medidas contraproducentes.